La interpretación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que juzgó el procés sobre la reforma de los delitos de sedición y malversación impulsada por el Gobierno y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) complica el futuro del expresidente catalán Carles Puigdemont, a quien la Justicia española todavía reclama para juzgarle por impulsar el proceso independentista de 2017.
El respaldo de los magistrados de la Sala Segunda a la tesis del instructor del procés, Pablo Llarena, quien considera que no se puede sustituir la sedición por el nuevo delito de desórdenes públicos porque eso supondría «despenalizar» la ruta que acabó con el referéndum ilegal del 1 de octubre, abre la vía a que el político sea reclamado a Bélgica por malversación agravada, penada con hasta 12 años de prisión y 20 de inhabilitación, a falta de la sentencia sobre su inmunidad del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que se espera entre este mes y el siguiente.
La Fiscalía del Tribunal Supremo, por su parte, busca la manera de acusarle -si finalmente los jueces belgas le entregan a España- por delitos que sumen una pena igual o superior a los 13 años de prisión y los mismos de inhabilitación a los que fue condenado el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras.
Este lunes, los magistrados de la Sala Segunda, apoyando al juez Llarena, concluyeron que los hechos por los que fueron juzgados Junqueras y los consejeros de su gobierno que fueron condenados por sedición y malversación no encajan en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados ni tampoco en la malversación atenuada que la reforma introduce en el Código Penal para los cargos públicos que hagan un mal uso de dinero público pero «sin ánimo de lucrarse».
Consideraron que el delito de desórdenes que sustituye al de sedición deja impunes los procesos secesionistas que no vayan acompañados de actos de violencia o intimidación: «En definitiva, todo intento de reducir el ámbito de la tipicidad que ofrecía el delito de sedición a un problema de orden público, identificable con movilizaciones o algaradas, desenfoca el problema», afirmaron en la línea de Llarena cuando dijo que la derogación de la sedición plantea un «contexto cercano a la despenalización» de los hechos investigados.
Igual que Llarena modificó el procesamiento de Puigdemont de sedición y malversación a malversación agravada y desobediencia, la Sala Segunda del procés modificó la condena de sedición y malversación de Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa a otra por malversación agravada y desobediencia.
Próximos pasos
Si el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) da la razón al Parlamento Europeo en la demanda que interpuso el político catalán porque se le retiró la inmunidad plena, pierde la inmunidad cautelar que tiene desde entonces, Llarena emite una nueva euroorden contra él por malversación y desobediencia y la Justicia belga accede a entregarle, el futuro judicial del expresidente catalán será casi tan difícil como el de los miembros de su Gobierno cuando fueron condenados.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya determinó el pasado 31 de enero que Bélgica no puede negarse a entregar al expresidente catalán y los consejeros fugados con él si el juez del procés emite una nueva orden europea de detención porque sólo podría hacerlo si en España hubiera «deficiencias sistémicas o generalizadas que afectan a su sistema judicial y que el órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciarle es manifiestamente incompetente para ello», cosa que no ocurre.
La malversación agravada se pena en el Código Penal resultante de la reforma con hasta 12 años de prisión y la desobediencia, con multa e inhabilitación. De ahí que la Fiscalía intente que Llarena modifique su procesamiento y también lo amplíe, además de la malversación, a los desórdenes públicos agravados que están penados con entre tres y cinco años de prisión para tratar de acusarle por los dos delitos que sumarían juntos más de 15 años de cárcel.